
Daniela Alanis Mendez
4 ago 2025
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) trafica mercurio desde Querétaro a Sudamérica, utilizado para minería ilegal de oro y controla al menos 5 minas en la Sierra Gorda Queretana.
El CJNG habría obtenido ganancias por más de 8 mil millones de dólares desde 2019 a través del contrabando de mercurio mexicano hacia Sudamérica
El CJNG ha diversificado sus operaciones ilícitas más allá del narcotráfico. A su historial de delitos como el trasiego de fentanilo, tráfico de armas, huachicol y extorsión, se suma ahora el contrabando de mercurio, un metal altamente tóxico utilizado en la minería ilegal de oro en Sudamérica.
Así lo revela el más reciente informe de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), titulado "Traficantes no dejan piedra sin levantar". Según el documento, el CJNG ha extendido su influencia a países como Bolivia, Perú y Colombia, obteniendo desde 2019 ganancias estimadas en 8 mil millones de dólares por el tráfico de este químico, clasificado como una de las 10 sustancias más peligrosas del mundo.
El informe señala a Querétaro como el punto de origen de "uno de los mayores flujos ilegales de mercurio jamás documentados". Entre abril de 2019 y junio de 2025, al menos 200 toneladas fueron extraídas de minas como "Cristo Vive", "El Mono", "La Fe" y "La Peña", todas ubicadas en la Sierra Gorda. Estas operaciones, que promediaron 40 toneladas anuales, se realizan bajo estricta vigilancia, con infraestructura de seguridad construida entre noviembre y diciembre de 2023: compuertas, torres con cámaras, alambre de púas y hombres armados.
Los mineros artesanales e ilegales en Sudamérica dependen del mercurio para separar el oro de la arena. El proceso implica la combustión del metal, que libera vapores altamente tóxicos. Esta técnica representa cerca del 40% de las emisiones humanas globales de mercurio.
Fuentes locales afirman que desde principios de 2025, una nueva "fiebre del mercurio" ha tomado fuerza en la región, impulsada por el aumento en el precio del oro. El kilo de mercurio se paga hasta en 330 dólares, lo que ha convertido la actividad en un negocio rentable para el crimen organizado.

Julia Yansura, directora del programa de delitos ambientales y financiamiento ilícito de la coalición FACT, explicó que los hallazgos de la EIA son reveladores. “Hasta ahora se pensaba que el mercurio provenía principalmente de Rusia, China, Tayikistán o Emiratos Árabes. La evidencia que apunta a México es sorprendente”, señaló en entrevista.
La prohibición de exportar mercurio en la Unión Europea (2011) y en Estados Unidos (2013) abrió la puerta a nuevos proveedores ilegales. México, junto con China e Indonesia, se convirtió en un actor clave. En 2020, Querétaro operaba al menos 19 minas con una producción anual de hasta 100 toneladas, en condiciones que, según el informe, han alcanzado “niveles casi industriales”.
El principal operador identificado por la EIA es Juan José Zamorano Dávila, un empresario mexicano con más de diez años en el contrabando. Supervisaba la compra del mineral, su camuflaje en bolsas con grava, el traslado a los puertos de Manzanillo y Veracruz, y su envío a países como Panamá, India, Perú y Colombia.

El modus operandi implica ocultar hasta cuatro toneladas de mercurio líquido o de cinabrio, una roca rica en mercurio, en contenedores de seis metros. En lugar de procesar la roca para extraer el metal líquido, lo almacenan entre sacos de grava. Para evadir la detección, los cargamentos se declaran falsamente como "material de construcción" o "piedras decorativas".
Solo entre 2019 y 2025, se documentaron 50 cargamentos sospechosos, principalmente con destino a Perú.

El informe también revela la presunta implicación de Atziri Alejandra Pulido Briseño, exfuncionaria panista y secretaria de Administración del municipio de Querétaro (2018-2021). Pulido Briseño, socia de Zamorano Dávila, aparece en el padrón de militantes del PAN y habría participado activamente en las operaciones.

El impacto del mercurio va más allá de lo económico. La EIA alerta sobre los daños irreversibles en los ecosistemas y en la salud de las comunidades expuestas, tanto en zonas de extracción como en países donde el metal es utilizado. “Las comunidades están siendo envenenadas. Los efectos podrían durar décadas”, advierte el informe.
Pese a que México es signatario del Convenio de Minamata el tratado internacional que prohíbe la exportación de mercurio, el país se dio un plazo hasta 2032 para eliminar gradualmente su producción. Sin embargo, la EIA asegura que el flujo ilegal continúa y está lejos de disminuir.

Según la EIA, el CJNG utiliza el tráfico de mercurio no solo para financiarse, sino también como herramienta de lavado de dinero. Al ser fácil de transportar, fundir y reconvertir, el oro obtenido de forma ilegal se transforma en joyería burda y se traslada en aviones a destinos como Miami, donde ingresa sin levantar sospechas.
La EIA concluye que el mercurio debe considerarse un catalizador de crímenes convergentes: narcotráfico, tráfico de armas, destrucción ambiental y violaciones a derechos humanos. Su explotación, señala, pone en riesgo no solo a México, sino a toda América Latina.

Detrás de cada tonelada de mercurio traficada hay una cadena de destrucción silenciosa: ríos contaminados, niños con afectaciones neurológicas, suelos muertos y comunidades abandonadas a su suerte. El brillo del oro extraído con este metal tóxico no refleja riqueza, sino enfermedad, impunidad y devastación.
Mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación convierte las montañas de Querétaro en fortines y las selvas de Sudamérica en cementerios ecológicos, el mercurio se impone como el nuevo rostro de un crimen que no solo asesina, también contamina por generaciones.
El mercurio no solo mata: permanece, se hereda, y envenena el futuro.
