Daniela Alanis Mendez
3 sep 2025
El expresidente fue extraditado desde Estados Unidos en 2023 y cumple condena junto a otros exgobernantes peruanos.
El Poder Judicial sentenció a el expresidente peruano Alejandro Toledo a 13 años y cuatro meses de cárcel por lavado de activos agravado, en el marco del caso Ecoteva Consulting Group, empresa offshore constituida en Costa Rica por su suegra, Eva Fernenbug, con la que se blanqueó dinero de origen ilícito.
Doce años después de la denuncia periodística que reveló las millonarias adquisiciones inmobiliarias de Toledo y su esposa, Eliane Karp, la justicia concluyó que el exmandatario utilizó esa red para financiar compras de propiedades en Lima por más de cinco millones de dólares.
Esta es la segunda sentencia firme contra el exlíder de Perú Posible. En octubre de 2024 ya había recibido 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, tras comprobarse que recibió 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht por los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
Ambos procesos confirman la participación de Toledo en esquemas de corrupción que también involucraron a la constructora Camargo y Correa. La pena actual no se acumula con la anterior: se unifica, y el exmandatario permanecerá preso hasta el 22 de octubre de 2043, cuando tendría 97 años.
Tras múltiples recursos legales para evitarlo, Toledo fue extraditado desde Estados Unidos en abril de 2023. Desde entonces permanece en el penal de Barbadillo, donde también estuvieron recluidos expresidentes como Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alberto Fujimori.
Durante las audiencias, el exmandatario de 79 años alegó problemas de salud y denunció un deterioro físico a raíz del cáncer que padece. Su defensa ha planteado la posibilidad de un beneficio humanitario para que cumpla la condena en su domicilio, aunque la justicia ya rechazó este pedido. Expertos recuerdan que incluso a Alberto Fujimori se le negó esa opción, por lo que la probabilidad de que prospere es mínima.
El mismo día, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Vizcarra, expresidente y exgobernador de Moquegua, acusado de recibir sobornos. Tras 21 días en prisión preventiva, el tribunal concluyó que la medida fue arbitraria. Vizcarra calificó su liberación como una corrección a un “error que nunca debió cometerse”.
Asimismo, se dispuso la liberación de Betssy Chávez, exprimera ministra de Pedro Castillo, procesada por presuntamente participar en el intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022. Chávez llevaba más de diez días en huelga de hambre como protesta contra su prisión preventiva, que ahora fue revocada por irregularidades.
El proceso contra Toledo se sustenta en la compra de una residencia en Las Casuarinas por 3,8 millones de dólares, una oficina en Surco por 882 mil y el pago de hipotecas de otras propiedades, todo con fondos de Ecoteva.
Inicialmente, Toledo intentó justificar el dinero como compensaciones a su suegra por el Holocausto o como préstamos bancarios. Sin embargo, en 2019 su amigo y empresario Josef Maiman, acogido a la colaboración eficaz, confesó que esos fondos provenían de sobornos de Odebrecht, confirmando la ruta del dinero hasta Costa Rica.
Eliane Karp, esposa del expresidente, enfrenta un pedido de extradición desde Israel y una acusación fiscal de 16 años de prisión. Toledo, en tanto, sigue apelando a su delicado estado de salud. Su abogado, Paolo Aldea, adelantó que por ahora no solicitará indulto humanitario, alegando que el contexto político del país no lo permite.
La situación judicial del exmandatario es crítica: incluso si alguna de las sentencias fuera anulada, la otra lo mantendría tras las rejas. Como señalaron especialistas, sus posibilidades de recuperar la libertad son prácticamente nulas.